JOAQUÍN ESTEFANÍA
Periodista y economista. Fue director de EL PAÍS entre los años 1988 y 1993

Hay dos fechas fatídicas para los ciudadanos, desde el punto de vista económico, en esta legislatura: el 9 de mayo de 2010 y el 29 de abril de 2011. Entre una y otra apenas transcurre un año. A principios de mayo pasado, en una cumbre de los ministros de Economía de la Unión Europea (UE) en Bruselas, éstos iniciaron una larga y tortuosa senda para avanzar en la gobernanza económica de la zona; para ello, a cambio de apoyos financieros a los países periféricos (entonces ya había caído Grecia e Irlanda estaba a la espera) se exigió a los periféricos (sobre todo España y Portugal) un cambio en su política económica que suponía un durísimo plan de ajuste: reducción del gasto público a través de una disminución de la inversión, bajada de los sueldos de los funcionarios y congelación de las pensiones, y una serie de reformas estructurales entre las que destacaba la laboral (vinculación de los salarios a las productividad y no a la inflación), aumento de la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años y variaciones en la negociación colectiva, que reduce el papel de los sindicatos (de trabajadores y de empresarios).

"A principios de mayo pasado, en una cumbre de los ministros de Economía de la Unión Europea en Bruselas, éstos iniciaron una larga y tortuosa senda para avanzar en la gobernanza económica de la zona"

Estos sacrificios, que no fueron suficientemente explicados a la población y por consiguiente no fueron entendidos por la misma, protagonizaron una huelga general de protesta. A partir de ese momento, el Gobierno cayó el picado en las encuestas, sobre todo por el abandono de sus votantes más a la izquierda.
La segunda fecha terrible fue el pasado 29 de abril, cuando confluyó una serie de indicadores que muestran una situación muy profunda de estancamiento de la economía española: el desempleo ascendía a más del 21% de la población activa (con dos datos desmoralizantes: el paro entre jóvenes menores de 25 años supera el 40% y los parados de larga duración que ya no tienen derecho a cobrar el seguro de desempleo –más de dos años sin encontrar puesto de trabajo- superaba el millón de personas); la inflación alcanzaba un máximo en muchos meses (3,8%), sobre todo debido al precio de los alimentos, un producto de primera necesidad; y el comercio minorista, manifestación principal del consumo de las familias, había caído como media un 8% respecto al mismo periodo del año anterior (cuando ya había sido muy bajo).
Además, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) manifestaba que la brecha entre el Gobierno y la oposición (el Partido Popular) aumentaba a 10 puntos, sin que el anuncio de Rodríguez Zapatero de que no se presentará a las próximas elecciones hubiese galvanizado a los presuntos votantes socialistas.
Las cifras de paro, unidas a la Encuesta de Condiciones de Vida, ambas correspondientes al Instituto Nacional de Estadística (INE) –una institución oficial, no una ONG- avisan de que comienza a disponerse de información solvente sobre la distribución de la renta y el aumento de la pobreza en España. Y que de esta información se concluye un claro empeoramiento sobre el estado de la desigualdad, en relación con objetivos razonables de equidad. Por primera vez en la democracia aumentan las diferencias entre ricos y pobres, con una peculiaridad que no se había producido en otras crisis: este incremento es consecuencia no de que los ricos se hagan más ricos, sino de que los pobres se están haciendo más pobres. Lo que supone que para una parte de la población (que algunos analistas cifran en alrededor del 20% del total) la crisis económica iniciada en el segundo semestre de 2007 reduce su bienestar.
Ello tiene mucho que ver con cambios en la composición del mercado de trabajo. En anteriores recesiones, quienes más perdían su empleo eran las mujeres y los componentes familiares que recibían un tercer o cuarto sueldo (los hijos en edad de trabajar), mientras que ahora hay una subida muy acelerada de los parados que son los sustentadores principales de los hogares (los que antes se denominaban “padres de familia”) –casi un millón de los 4,9 millones de parados- lo que refleja casi de modo mecánico situaciones de pobreza.

"El pasado 29 de abril confluyeron una serie de indicadores que muestran una situación muy profunda de estancamiento de la economía española"

Las huellas de la crisis en la sociedad española son tan profundas y probablemente durarán tanto tiempo que es difícil suponer que sólo con un cambio de Gobierno podrán variar sustantivamente las tendencias. Incluso en el caso de que en las próximas elecciones un solo partido (evidentemente el PP) alcanzase la mayoría absoluta es legítimo dudar de que su política económica tenga la suficiente fuerza para acelerar una recuperación con empleo que revierta, además, esa distribución regresiva de la renta. La recuperación económica, a la luz de experiencias pasadas en España y otros países, no implica una mejora inmediata de las variables distributivas, dada la segmentación del mercado de trabajo y la precariedad de muchos de los empleos creados.
¿Es inútil demandar, una vez más, a nuestra clase política (que según los barómetros del CIS, es vista por la mayoría de los ciudadanos como el tercer problema del país, tras el paro y la crisis económica) un pacto transversal (que afecte a los tres niveles de la Administración del Estado) y que dure todo lo que sea necesario (incluso más de una legislatura), para salir de esta situación tan complicada y tan larga?